SemanaEconómica

Artículo originalmente publicado en DEBATE N°115, junio-julio 2002.

En el 2002, DEBATE convocó a un grupo de especialistas para que abordaran la problemática de la educación desde diferentes aristas.

Revisión de útiles

Es necesario abrir el mercado para mejorar la calidad del material didáctico en nuestras escuelas

Hugo Díaz Díaz

Como parte de una política de distribución de material educativo que incluye cuadernos de trabajo, textos, guías, fascículos y los programas de estudio para los diversos ciclos y niveles de enseñanza, en 1999 el Ministerio de Educación inició la distribución masiva de cuadernos de trabajo y guías para el docente de educación primaria. Después hizo lo propio para los centros educativos bilingües interculturales y para el desactivado bachillerato. Este año se amplió la medida a la educación secundaria. Si se tiene en cuenta el enorme déficit de textos escolares que impera entre los alumnos de las escuelas primarias estatales, podría decirse que esta política es positiva. Los libros de texto y los materiales didácticos siguen siendo uno de los medios más económicos y seguros cuando se trata de elevar el nivel de la instrucción.

Sin embargo, hay un punto polémico en esta política. Al momento de ser lanzada, varias direcciones regionales de educación y unidades de servicios educativos (USE) enviaron directivas a los centros educativos prohibiendo la adquisición de textos producidos por la industria editorial. Se condenaba así a los alumnos a usar un solo tipo de material, difícil de adaptarse a realidades tan variadas como las de nuestro país. Como este mismo material se ha diseñado para el promedio de la población estudiantil, los alumnos con capacidad para profundizar aprendizajes contenidos en otros textos se han quedado con las manos atadas.

El problema

Este año las autoridades del Ministerio de Educación han vuelto a insistir en que no es necesario que en las escuelas primarias se adquieran textos escolares de la industria editorial para las áreas de lenguaje y matemáticas. Incluso han abierto una sección para denunciar a docentes y directores que así lo hagan. La medida fue anunciada a último momento, sin mediar un diálogo o coordinación alguna, y perjudicó tanto al estudiantado como a la propia industria editorial, que tendrá que asumir sus pérdidas debido a las inversiones erráticas que realizó.

¿Esta caída de la industria privada generará problemas en el proceso educativo? Sin duda. La presencia sola del Ministerio de Educación en su rol de productor de material didáctico –concretamente textos, cuadernos de trabajo, guías y fascículos– no basta. Por un lado, carece de una red de distribución que llegue hasta las escuelas más alejadas, lo que aumenta el nivel de costos y pérdidas del material. En otros países con experiencias similares se estimó que un 20% de los textos se perdían en el camino. En el Perú hay estudios que muestran que a varias escuelas no les llega material alguno.

En segundo lugar, hay un problema de renovación: los libros y cuadernos de trabajo que se reparten son los mismos de hace tres años. Esto genera cierto descontento entre aquellos profesores que sienten la necesidad de trabajar con algo nuevo, así como de disponer herramientas complementarias.

Por último, la política de distribución gratuita de textos escolares ha fracasado en muchos países en desarrollo debido a la imposibilidad del Estado de sufragar cada año el suministro de los materiales y asignar un presupuesto suficiente para atender esas necesidades que no sólo implican la impresión del material, sino muchos otros gastos: distribución, transporte, almacenamiento, sistema de contabilidad y auditoría, entre otros.

La salida

Creemos que si no se prohibiera la comercialización de textos escolares el problema estaría solucionado. Los textos y cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación –aún cuando son gratuitos– competirían en el mercado con el resto del material ofrecido. Mediante la tan esperada Ley del Libro se podría proteger al texto escolar de tentaciones autocráticas como la de 1999.

La otra alternativa requiere acelerar la descentralización en el nivel de las escuelas, dándoles autonomía para seleccionar los textos con los que trabajarán sus profesores. Este cambio implica convocar a licitaciones como en el modelo mexicano, en donde la Secretaría de Educación Pública difunde, en centros de exhibición y selección, catálogos con las listas de libros autorizados. Consultándolos, los docentes definen sus preferencias, las que consolidadas por la autoridad estatal, forman el universo de textos que adquiere la Comisión Nacional de Textos Gratuitos. Las editoriales garantizan el mejor precio –entre un 60% y 90% menos que el precio del mercado–, las condiciones adecuadas de venta y el otorgamiento de garantía, por tres años, de la calidad del pegamento y del papel.

La industria editorial peruana tendría que cohesionar sus fuerzas y no asumir actitudes pasivas. Debería lanzar campañas de difusión en pro del libro y del texto escolar como herramienta fundamental para la creación del hábito de la lectura. También otras para mejorar la imagen de las editoriales en la lucha por ganar mercados. Hay denuncias de sobornos a los profesores. Algunas editoriales desesperadas por su situación económica, han caído en estos juegos. Afortunadamente son una minoría, pero hacen daño.